El Servicio de Administración Tributaria (SAT), empezó un programa de revisiones a las Organizaciones no Gubernamentales (OGN) para eludir que sean empleadas inapropiadamente en actividades de lavado de dinero.

Lo precedente, en el marco de la evaluación del Conjunto de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).

En la evaluación, el GAFI identificó que ciertas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un campo frágil, puesto que tomando en cuenta que gozan de la confianza del público, tienen acceso a notables fuentes de fondos y con cierta frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales y también internacionales.

sat 13 marzo

En razón de ello, el SAT comenzó un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean usadas inapropiadamente por organizaciones delincuentes, robusteciendo de esta manera la confianza ciudadana en las instituciones.

Otras de las actividades que efectúa el SAT para observar el cumplimiento en materia de actividades frágiles, es la actualización del padrón de quienes tienen la obligación de presentar Avisos y está facultado para observar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando advierte omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.

Inspeccionar estas actividades deja combatir el financiamiento que nutre el crimen organizado, como el narcotráfico, el hurto, el rapto, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son empleados como sustento de nuevas actividades ilegales más organizadas.

Para el SAT es principal la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que efectúan actividades frágiles en concepto de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención y también Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilegal famosa como Ley Antilavado.

El SAT proseguirá ejercitando sus facultades a fin de contrastar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes efectúan actividades frágiles, con el objeto de efectuar una asignación eficaz de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

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