De los siete mil novecientos setenta y ocho casos concluidos hasta septiembre del año vigente, tres mil cuatrocientos setenta y cuatro no pudieron cobrarse por el hecho de que los deudores no cuentan con el dinero para abonar. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no pudo cobrar once mil quinientos ochenta y tres millones de pesos de sanciones económicas por el hecho de que los funcionarios a los que se les impusieron las multas no tenían dinero para liquidarlas.

En conjunto fueron siete mil novecientos setenta y ocho casos concluidos, y de ese monto, tres mil cuatrocientos setenta y cuatro no se cobraron por el hecho de que los deudores no pudieron cubrir las deudas.

Conforme con una nota de El Universal, se han registrado dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco sanciones económicas desde la creación de la Secretaría de la Función Pública.

En este año, hasta el mes de septiembre se han registrado siete mil novecientos setenta y ocho casos, los que han representado un precio de treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco millones de pesos. Sin embargo el SAT apenas y pudo colectar el dos por ciento de esa cantidad, esto es, solo en mil ochocientos treinta y ocho casos presentaron un ingreso de ciento cincuenta y ocho millones de pesos.

En entrevista con El Universal, Lizandro Núñez Picazo, administrador general de Colecta del SAT, afirmó que se han identificado las razones por las cuales no se pueden cobrar las sanciones y una es que los funcionarios no cuentan con el dinero y la otra es que el sesenta y seis por ciento consiguen en alguna instancia jurisdiccional una resolución conveniente. Este porcentaje representa veintidós mil novecientos setenta y cuatro millones de pesos y se trata de dos mil seiscientos catorce resoluciones.

“Cuando concluimos que un contribuyente no tiene patrimonio suficiente es porque ya investigamos cuentas bancarias, inmuebles en cualquiera de sus presentaciones, casas, lotes, terrenos, locales comerciales, porque no hay inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, porque no tiene registrados a su nombre patentes, marcas, y ya cruzamos la información con el Seguro Social y logramos obtener información de notarios y vemos que no ha comprado ningún bien, solamente cuando está agotada esa investigación, y todo eso está documentado, cuando se concluyen esas investigaciones y se define que un deudor no tiene el patrimonio”, mencionó.

Núñez señaló que el esquema de colecta es adecuado, con un buen funcionamiento y, además de esto, afirmó que el SAT no tiene la responsabilidad de determinar las multas ni tampoco defenderlas en los tribunales, puesto que eso le toca a quienes imponen la sanción.

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